domingo, 9 de marzo de 2014

LOS CLAVOS DEL ATAUD DE ESPAÑA (IV)


6º LA DISMINUCIÖN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS RENTAS DEL TRABAJO EN EL PRODUCTO INTERIOR BRUTO ESPAÑOL (PIB).

A finales del mes de Febrero último, el Instituto Nacional de Estadística (INE) recortó en una décima el crecimiento trimestral del PIB que avanzó para el cuarto trimestre de 2013, hasta situarlo en el 0,2%, frente al 0,3% estimado inicialmente. No obstante, esta tasa supera en una décima la registrada en el tercer trimestre del año pasado (0,1%), mientras que en el conjunto de 2013 la economía española registró una caída del 1,2%, tasa que coincide con la estimada por el Banco de España y por el propio Gobierno[1], con lo que se ha puesto fin a la segunda ola de recesión de la “Gran Crisis” de 2008.

También el consumo de los hogares y la inversión mostraron en el cuarto trimestre del año crecimientos trimestrales, del 0,5% y del 0,7%, respectivamente, igualando los avances logrados en el tercer trimestre. Las exportaciones aceleraron su crecimiento desde el 0,6% al 0,8%, mientras que las importaciones retrocedieron un 0,6%, en contraste con el aumento del 2,1% que habían experimentado en el tercer trimestre de 2013.

Sin embargo, estos datos positivos no son suficientes para cambiar el juicio negativo que merece la economía española, sencillamente porque son el resultado de un aumento de la economía de los dos gigantes económicos del euro, Alemania y Francia, cuya mejora del consumo en el primer semestre del pasado año, justo antes de las elecciones alemanas, han provocado que Europa creciera entre abril y junio de 2013 un respetable 0,3%. Tanto en el caso francés como en el alemán, la demanda interna, tanto pública como privada, ha sido la responsable de que el PIB subiera un 0,5% y el alemán un 0,7%. En los dos países el aumento del gasto público ha desempeñado un papel importante, lo reconocen así expertos como Paul de Grauwe, profesor de la London School of Economics, que se sorprendía de “que el comisario europeo Olli Rehn presente los datos como un éxito de su política de disciplina fiscal, cuando justamente es todo lo contrario”, Además del gasto público, la demanda privada y la fortaleza del sector exterior alemán también influyeron, pero en el mismo periodo, la inversión se estancó[2].

Mientras se mantienen serias dudas sobre su capacidad para seguir creciendo a este ritmo, la tercera y quintas economías de la moneda única, Italia, y Holanda, siguen en recesión, y en España los trabajadores continúan hundiéndose en la pobreza al tiempo que la clase media se extingue.

La prueba de ello son algunas de las conclusiones de 'Encuesta de Integración Social y salud', que hoy difunde por primera vez el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la que se concluye que al menos 4 de cada 10 personas mayores de 15 años tienen problemas para pagar algunas de las cosas esenciales (comida, ropa, medicamentos, vivienda...) debido a sus ingresos 'limitados', el alza de los precios, los gastos inesperados o la mala situación económica de alguno de los miembros de su hogar. Y entre los menores de 65 años este porcentaje asciende al 45%, y para los mayores de esta edad al 36%, mientras que entre los desempleados y las personas incapacitadas para trabajar afecta a dos de cada tres[3].

Este es el reflejo del peso de los salarios respecto del PIB, que ha caído a niveles históricamente bajos. En concreto, hasta el 45,5% del producto interior bruto (PIB). Para hacerse una idea de lo que representa ese porcentaje hay que tener en cuenta que en 2008, las rentas salariales suponían el 49,43% del PIB. Es decir, cuatro puntos porcentuales más que ahora (unos 40.000 millones de euros). La destrucción de empleo y la rebaja de los salarios explican su repliegue. Incluso en 2000, año de fuerte crecimiento económico, los salarios representaban el 49,5% de la tarta nacional. No se trata de un fenómeno esporádico o coyuntural, sino que su evolución no ha hecho más que retroceder a medida que avanzaba la crisis y algunos datos lo corroboran. Tan sólo en 2013, según el INE, la remuneración de los asalariados (el principal componente que explica la renta de los trabajadores por cuenta ajena) cayó un 3,5% en términos anuales. Por el contrario, el excedente bruto de explotación (los beneficios empresariales) subió un 1,3%, mientras que los impuestos crecieron nada menos que un 5,2%.

El Presidente del Gobierno de España Mariano Rajoy
El resultado de esos cambios es que los beneficios empresariales suponen el 44,7% de la renta nacional, mientras que el 9,6% corresponde a los impuestos vinculados a producción. El resto (45,5% del PIB) se distribuye entre los asalariados. El propio Mariano Rajoy destacó este en el debate sobre el estado de la nación que España, “de ser un país tradicionalmente inflacionista”, tiene hoy uno de los niveles de inflación más bajos de la Eurozona, con un crecimiento de los precios y una ganancia de competitividad “sostenida”, dijo. “Tenemos hoy los mejores datos [el 0,2% en enero] desde 1962”, proclamó ufano el presidente del Gobierno.

Lo cierto es que se calcula que las estadísticas no reflejan la realidad, y los salarios reales netos habrían caído incluso un 2%, como asegura el Banco de España, ya que “el proceso de moderación salarial que comenzó en 2010 podría ser algo más intenso de lo que indican las estadísticas agregadas sobre costes laborales”[4]. 

7º LA AMENAZA DE LA DEFLACIÓN Y LA ESTERILIDAD DE LA DEVALUACIÓN INTERNA. 

El índice de precios de consumo (IPC) finalmente cerró el año 2013 en una tasa anual del 0,3 %, la más baja de toda la serie histórica,  una décima superior al indicador publicado por el Instituto Nacional  de Estadística (INE)[5], que supone la tasa interanual  más baja que ha registrado el  IPC en un mes de diciembre desde que comenzó a elaborarse esta estadística en 1961. Además, debe tenerse en cuenta que esta mínima  inflación, es consecuencia del aumento de los precios de los carburantes y lubricantes para el transporte y del gasóleo para la calefacción de las viviendas. Tras las subidas de la inflación de años precedentes provocada por el aumento de los impuestos, la previsión para el futuro es claramente deflacionaria y a lo largo de 2014 se espera que no supere el 1%.

Este nivel de inflación provocado por las políticas neoliberales, resulta demoledor para nuestra economía, y ello hasta el punto de que España, pese a la devaluación interna derivada de una significativa caída de los salarios reales y de la pérdida de empleo, apenas mejoró el año pasado su capacidad de competir en los mercados internacionales vía precios. Un dato lo acredita. En el conjunto del año 2013, el Índice de Tendencia de la Competitividad (ITC) frente a los países de la eurozona creció 0,4 puntos porcentuales (hasta los 102,8 puntos), Incluso, la pérdida fue algo mayor (0,8 puntos) frente al conjunto de la Unión Europea, hacia donde se dirigen más de las dos terceras partes de las exportaciones españolas. Como reconoce Economía, “en el conjunto del año 2013 el ITC refleja una pérdida de competitividad vía precios frente los países de la eurozona y vía tipo de cambio en el resto de los países”[6].

La causa de este comportamiento de la competencia exterior tiene que ver fundamentalmente con la evolución del IPC, pero también con la apreciación del euro respecto de las divisas que no forman parte de la moneda única. En el conjunto del año 2013, la inflación media en España y en la zona euro se situó en el 1,4%, por debajo del 2,5% en Holanda o del 1,5% de Alemania, pero por encima del 1,2% en Italia, del 1,1% en Bélgica o del 0,9% en Francia. Mientras que Portugal presentó un descenso medio del 0,1%.

¿Qué significa esto? Pues que la reducción de los salarios para ganar competitividad, está siendo en buena medida neutralizada por el hecho de que también en la Unión Europea la inflación se mueve en niveles históricamente bajos, pero sin haber tenido que hacer tan duro ajuste salarial y de empleo, salvo en Grecia, Chipre y Portugal, donde los recortes han sido también muy severos. En palabras del servicio de estudios del BBVA esto “hace más difícil el proceso de ganancias de competitividad y obstaculiza el proceso de desapalancamiento”. Sin apenas inflación, el PIB nominal no crece y la relación deuda/pib es más difícil de sanear. Y lo peor es que la reducida inflación no parece que vaya a ser un fenómeno transitorio, como lo reflejan las bajas rentabilidades que hoy pagan los tesoros nacionales a la hora de financiarse, Portugal, por ejemplo, ya se financia por debajo del 5%, y España al 3,7%.


El BBVA prevé que la inflación media se sitúe en torno al 0,5% en 2014 y al 1% en 2015, lo que contribuirá a que el diferencial medio de inflación respecto a la zona del euro se mantenga favorable a España, alrededor de -0,4 puntos porcentuales en promedio. Es evidente que si no se hubieran reducido los salarios, la pérdida de competitividad por esta vía hubiera sido mayor. Pero también significa que en un contexto de baja inflación en los países del entorno económico de España, hacia donde se dirige la mayoría de las exportaciones, las ganancias de competitividad vía reducción de salarios sino son estériles se quedan un paso de ello. De hecho, este mes de Febrero pasado, el Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó un 0,1% respecto al mes de enero y redujo tres décimas su tasa interanual, hasta el -0,1%, debido al descenso de precios de los carburantes y lubricantes, según el indicador adelantado sobre la evolución de los precios en España publicado a finales de dicho mes por el Instituto Nacional de Estadística (INE)[7].

Con este último dato, podemos afirmar, más allá del discurso de autocomplacencia irreal del gobierno, basado en una mera estabilización estadística, que como nación hemos malgastado los últimos cinco años en resolver los problemas de corto plazo sin sentar las bases para un cambio de modelo productivo que permita una recuperación sostenida de actividad y márgenes en el futuro. Seguimos, como hace cuarenta  años, viviendo del turismo, las remesas procedentes del extranjero y el sector del automóvil. Las políticas de ajuste neoliberales han empobrecido a los ciudadanos y arruinado al Estado hundiéndolo en una deuda pública impagable, pero no ha cambiado el perfil de la económía nacional. 

8º LA DESTRUCCIÓN DEL TEJIDO PRODUCTIVO ESPAÑOL. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística de primeros del pasado mes de Febrero[8], las empresas declaradas en concurso de acreedores ascendieron en 2013 a 9.660 un 6,5% más que el año anterior, lo que supone un récord histórico.  Las empresas y personas declaradas en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) ascendieron en 2013 a 9.660 lo que supone un aumento del 6,5 % respecto al año anterior y que este indicador económico haya marcado un nuevo máximo desde la entrada en vigor de la Ley Concursal en 2004.

Por tipo de empresas, entraron en quiebra el año pasado, 6.928 sociedades de responsabilidad limitada (el 11,7 % más); 1.559 sociedades anónimas (el 10,2 % más) y 243 autónomos (el 22,9 % menos).

Por sectores de actividad, las empresas de la construcción continuaron liderando la declaración de concursos a pesar de retroceder en un 4,4 % respecto a 2012, hasta los 2.378 procedimientos. En transporte y almacenamiento bajaron el 17,7 % (298). El resto de sectores registraron incrementos de concursos, liderados por actividades administrativas, con un repunte del 60,6 % (461), y actividades profesionales, con una subida del 51,5 % (538).

Por territorios, las comunidades autónomas que registraron un mayor número de concursos en 2013 fueron Cataluña (1.969), Madrid (1.403) y Comunidad Valenciana (1.244). Por el contrario, las autonomías con menos insolvencias fueron La Rioja (94), Cantabria (105) y Navarra (143),

Al mismo tiempo, el ritmo de creación de empresas bajó en 2013, pues se crearon 93.756 nuevas sociedades, un aumento del 7% con respecto a un año antes, pero una disminución del 35% desde 2007, cuando fueron más de 143.000.

Por territorios, es Madrid, la comunidad que lidera el ranking  de creación e empresas en 2013, con treinta sociedades por cada 10.000 habitantes, una cifra que, en 2007, representaba la media nacional. Cataluña, Valencia, Murcia y Baleares son las únicas que se situaron en más de 19, frente a una media de 2013 de poco menos de 17 empresas creadas por cada 10.000 personas.

Difícilmente se podrá erradicar el desempleo si no hay tejido empresarial, y también resulta difícil pensar que se va a generar este mientras se mantenga la actual restricción del crédito por el sistema bancario. 

9º LA BANCA SIEMPRE GANA. 

La banca sigue teniendo problemas de solvencia, a pesar del rescate del gobierno. El Banco de España ha cifrado las ayudas públicas recibidas por la banca desde 2009 en 61.366 millones euros[9], una cifra superior a los algo más de 50.000 millones de euros que se estimaban hasta ahora, la Asociación Española de Banca (AEB) las sitúa en 53.555 millones de euros, pero aun así muy por debajo de lo que Bruselas considera ayudas de Estado, que ascienden a 100.000 millones aproximadamente. Una cifra que sigue estando por debajo de la cifra real que sigue siendo superior.

La diferencia del cálculo de entre el Banco de España y la AEB, se debe básicamente a la forma de contabilizar el rescate de las entidades CCM y CAM anterior a la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)[10]. Este dinero se ha entregado en tres fases

  • El FROB 1, las ayudas concedidas en 2010 a las entidades que tenían "debilidades transitorias pero eran viables" para que se fusionaran como panacea para solucionar sus males;
  • El FROB 2, las inyecciones directas de capital cuando se nacionalizaron al 100% Catalunya Caixa, Nova Galicia y Unnim (cuya debilidad transitoria se habían convertido en permanente) en septiembre de2011;
  • El FROB 3, el dinero del rescate europeo recibido el año 2012 para tapar los agujeros detectados en los test de estrés, por un importe que dejaba ridículas las cifras de las dos ocasiones anteriores. 
Pero para calcular el coste del rescate hay que empezar por diferenciar algunos datos. En las cifras citadas no se contabilizan las emisiones avaladas por el Estado, porque sólo se ejecutarán si los bancos no pagan su deuda, cosa que el rescate debe garantizar. Es más, según la AEB el Estado gana dinero, unos 2.295 millones de euros, por la comisión que cobra a las entidades. Tampoco contamos las líneas de liquidez, que eran préstamos de emergencia que se devolvieron por los bancos. Dejando eso de lado, el “rescate” es el dinero público que se ha inyectado a través del FROB en cada entidad para cubrir sus pérdidas, sanear su balance y restituir sus niveles de capital por encima del mínimo legal. 
En 2012, el FROB asumió una pérdida de 9.176 millones de euros en Bankia, de 6.674 millones en Catalunya Banc, de los 5.498 millones íntegros de Banco de Valencia, de 3.091 en Novagalicia Banco, de 525 en Ceiss y de 241 en BMN. En 2011 el FROB ya había asumido pérdidas por 10.557 millones y en 2010 por 314. De momento, la pérdida que no vamos a recuperar los contribuyentes asciende a 37.000 millones de euros, pero es muy probable que la factura final sea muy superior. Lo que es seguro es que en España, a diferencia de la mayoría de los países que han rescatado a sus bancos con fondos públicos, no se va a ganar dinero con la operación.


Banco de España
Pero esto no es ni mucho menos todo el dinero que se ha inyectado en el rescate bancario. A lo anterior hay que añadir las garantías contra pérdidas futuras que se han otorgado en varias de las subastas ejecutadas, los famosos EPA (Esquema de Protección de Activos), que son garantías que no se ejecutan hasta que no se dan estas pérdidas, pero evidentemente el comprador tiene un incentivo para aflorar todas las pérdidas posibles y sanearlas. Para estos EPA, la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea y el Banco de España tienen estimaciones de pérdida esperada, es decir, de la parte de esos EPA que se va a tener que pagar. El Banco de España la cuantifica conjuntamente en 6.506 millones, y según los cálculos de Bruselas, ésta alcanza los 6.981 millones en un escenario normal o 8.214 millones si la economía empeora y las pérdidas aumentan[11]. Y a eso hay que sumar una especie de prima de seguro contra pérdidas no esperadas en algunos casos, que los compradores no pagaron y, por tanto, también son ayudas de Estado. Su importe es de 2.537 en el escenario base y 2.360 millones en un escenario de empeoramiento de la economía. Finalmente, hay otros 1.666 millones por el ahorro de capital que implica la reducción del activo de estas entidades (lo que está cubierto por el EPA se saca del balance). En total, 11.183 millones en el escenario base que la AEB estima en 4.168 millones.

Aunque en algunos casos es el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) el que ha otorgado esas garantías para intentar que no computaran en las cuentas públicas, Bruselas las considera ayudas de Estado con el argumento de que, si el FGD no tiene dinero, las asumirá el erario público. Por tanto, computarán como déficit.

Y aún hay más, pues hay que añadir las ayudas hechas a la banca a través del Sareb[12]. Y no se trata de los 2.192 millones que ha invertido el FROB en el llamado “banco malo[13], sacados también del rescate europeo; eso en principio no se ha entregado a los bancos sino que se ha invertido en un vehículo que se ha quedado con los activos tóxicos y que se supone que va a ofrecer una alta rentabilidad a sus accionistas. Bruselas considera que las ayudas públicas vienen porque el precio pagado por Sareb a los bancos por sus activos (el precio de transferencia) es superior al del mercado, recibiendo así una nueva inyección de capital público. Y como ese sobreprecio no lo habrían conseguido vendiendo los activos en el mercado, es ayuda de Estado. Dicho de otra forma, que los descuentos con los que se han traspasado los créditos y los inmuebles deberían haber sido mayores, Bruselas lo cifra en el 72% como media y el 75% para los pisos terminados, una ayuda que si la banca no la hubiera obtenido, habría obligado a más provisiones, más pérdidas y más inyecciones de capital público. En vez de eso, se ha pagado un sobreprecio, lo que ha evitado esas inyecciones. El impacto es el mismo, pero queda disimulado. Pero no por ello deja de ser una ayuda pública.

En resumen, las inyecciones directas de capital alcanzan los 59.130 millones; el Esquema de Protección de Activos (EPA), 28.227 millones; la adquisición de activos financieros (FAAF) asciende a 21.041 millones; el Sareb ha supuesto los 52.525 millones, y los avales del Estado a la emisión de deuda bancaria suman los 110.616 millones.

Además de las anteriores ayudas directas, también están las indirectas recibidas a través de los DTA[14]. El Gobierno, después           de una presión masiva por parte del lobby bancario, aprobó en Noviembre de 2013 un aval que garantiza a las entidades financieras españolas el cobro del 60% de los llamados activos fiscales diferidos (DTA). El total garantizado ascendió a 30.000 millones y ha supuesto una recapitalización encubierta de unos 50.000 millones para las entidades financieras que, en teoría, eran solventes. Y es que según el último informe del FMI sobre la banca española, los DTA suponen más del 60% del capital principal de algunas entidades, ya que su solvencia dependía en su mayoría de la generación de derechos fiscales futuros e inciertos, y entre el 15% y el 30% para los tres grandes bancos: Santander, Caixabank y BBVA. En total, las entidades financieras españolas acumulan más de 70.000 millones de DTA en sus balances, para lo que necesitarían entre 100.000 y 130.000 millones de beneficios en los próximos años, lo que no parece fácil. En caso de que llegado el año 2029 esos DTA no se hubieran podido compensar, la cantidad restante se convertirá en deuda pública.

Es decir, que   sin este rescate por medio de un aval explícito a los activos fiscales diferidos, la banca española estaría en su conjunto  en situación de insolvencia. Siendo así, es fácil de entender la presión que ha ejercido la banca sobre el Gobierno para lograr el aval del Estado. Y, en todo caso, la banca tendrá que ganar como mínimo 100.000 millones de euros antes de 2029 para no tener que volver a ser rescatada. ¿Por qué esta cifra? Porque el Impuesto de Sociedades se lleva un 30% de los beneficios de las empresas, por lo que hay que multiplicar al menos por 3,3 los DTA necesarios para obtener los ingresos netos que serían necesarios para consumir estos beneficios fiscales.

A medio plazo, el problema es que la antigua regulación de solvencia bancaria (conocida como Basilea II), permitía que estos DTA se contabilizasen dentro del llamado capital regulatorio, que es el mínimo exigible para que una entidad sea considerada viable. Pero la nueva e inminente regulación bancaria (Basilea III) no permitirá que estos activos fiscales diferidos se apunten como capital de primera calidad.

El acuerdo de Basilea III obliga a los bancos a aumentar sus reservas de capital para protegerse de posibles caídas. Por orden de este acuerdo, los bancos tendrían que triplicar en un 7% del total de sus reservas para protegerse de una eventual crisis en el futuro. El capital mínimo de calidad, el cual sólo incluye las acciones ordinarias y los resultados acumulados, aumentará del 2% al 4,5% de los activos ponderados por riesgo gradualmente entre 2013 y 2015. El llamado capital Tier I, que incluye, además de las acciones comunes y las utilidades retenidas, las participaciones preferentes, híbridos de capital y deuda sin pagar, desde el 4% de este momento al 6% en 2015.

Por otra parte, los bancos tendrán que construir gradualmente entre 2016 y 2019, dos "colchones de capital" con el fin de que estos puedan ser utilizados en futuras crisis: Una reserva de conservación de capital equivalente al 2,5% de los activos ponderados por riesgo; Y otra de capital anticíclico de alta calidad, formada entre el 0% y el 2,5% y puede ser requerido de acuerdo a las necesidades de cada país signatario del acuerdo. Este segundo “colchón” dependerá del nivel de capitalización de mercado y tiene por objeto proteger el sistema bancario en los períodos de expansión del crédito, cuando los bancos tengan que guardar una parte de su capital. Por lo tanto, teniendo en cuenta estas dos reservas, el requisito de capital mínimo puede llegar al 13%. Para hacerse una idea de la necesidad de acumulación de capital que requiere el cumplimiento de la nueva normativa de Basilea III, basta con señalar que los 102 grandes bancos internacionales, en donde están englobados los 43 principales bancos europeos, tenían unas necesidades de capital a junio de 2013 de 57.500 millones de euros, cantidad que han conseguido reducir a 34.100 millones al mes corriente de Marzo, lo que significa una reducción de déficit de capital del 50% respecto al cierre del ejercicio 2012.

Bueno, pues gracias a los DTA, a pesar de que a lo largo de 2013 ha habido todavía una decena de entidades registrando pérdidas operativas, según los balances presentados por las patronales AEB y CECA que engloban a la práctica totalidad del sector, algunas de estas entidades han podido presentar beneficio neto, como en el caso de Liberbank por ejemplo. Y la lista de grupos que presenta números rojos en sus resultados antes de impuestos es larga, en ella se encuentran no sólo las nacionalizadas Catalunya Banc y BMN, sino que también hay filiales de relevantes multinacionales extranjeras, como la de Deutsche Bank. En esta situación también se podría incluir a BBVA y al Santander por su actividad en nuestro país teniendo en cuenta el negocio inmobiliario. Gracias a la devolución de impuestos debida a los DTA, estas pérdidas merman y se consiguen ganancias y beneficio neto[15]. Un ejemplo de ello son las cinco grandes entidades españolas, Santander, BBVA, Caixabank, Popular y Sabadell, que obtuvieron en 2013 un beneficio neto de 7.674 millones de euros, cuatro veces más que un año antes. El resultado se debe a la menor necesidad de provisiones y saneamientos, que aun así, deja a los números de 2013 aún lejos de las ganancias de 2011, cuando estas cinco entidades lograron más de 10.000 millones de euros de beneficios. Lo que marcan estas cifras es que las ayudas públicas que ha recibido el sector desde el comienzo de la crisis, coloca a los accionistas de los bancos en beneficios a costa del aumento de la deuda pública y de las reiteradas subidas de impuestos. Así, no es de extrañar que Juan Ramón Sanchís Palacio, Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Valencia, denuncie la avaricia patológica de la banca, ya que[16]: "La banca creó la crisis y nos impide salir de ella". 

Puede afirmarse sin temor a errar, que la subordinación del poder político y del régimen dinástico de partidos en España al capitalismo financiero, ha quebrado a la nación, al Estado y a los ciudadanos para evitar la quiebra de la banca. Y es que, la suma total aproximada que por todos los conceptos ha recibido la banca como rescate a 31 de diciembre de 2012 ascendía a 589.073[17] millones de euros. Sin contar, como decimos, los avales a los DTA.




[1] http://www.diariocritico.com/economia/banco-de-espana/pib-2... 
[2] http://www.economia.elpais.com/economia/2013/08/17/actualidad/... 
[3] http://www.elconfidencial.com/economia/2014-02-28/el-peso-d... 
[4] http://www.elconfidencial.com/economia/2014-02-28/el-peso-d... 
[5] http://www.libertaddigital.com/c.php?op=imprimir&id=1276507483 
[6] http://www.elcon&idencial.com/economia/2014-02-13/la-baja-inf... 
[7] http://www.elcon+idencial.com/economia/2014-02-28/el-ipc-int... 
[8] http://www.elimparcial.es/print/133836 
[9] http://www.elconfidencial.com/empresas/2013-09-08/cuanto-ha... 
[10] El Fondo de reestructuración ordenada bancaria (conocido por su acrónimo, FROB) es un fondo creado en España con motivo de la crisis financiera de 2008. Tiene por objeto gestionar los procesos de reestructuración de entidades de crédito y contribuir a reforzar sus recursos propios en los procesos de integración entre entidades. Se enmarca dentro de las medidas y planes de rescate e incentivación de la economía, y, especialmente, del sector financiero, puestos en marcha por los distintos gobiernos y autoridades monetarias. Fuente del dato: Wikipedia. 
[11] http://www.elconfidencial.com/empresas/2013-09-08/cuanto-ha... 
[12] La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida por su acrónimo, Sareb, es una sociedad anónima de gestión de activos transferidos por las cuatro entidades nacionalizadas (BFA - Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco - Banco Gallego y Banco de Valencia), y por las entidades en proceso de reestructuración o resolución según lo previsto en la Ley 9/2012 (Banco Mare Nostrum, CEISS, Caja3 y Liberbank). La Sareb está participada en un 55% por capital privado, y en un 45% por capital público a través del FROB. No dispone de licencia bancaria y tiene un plazo de 15 años para proceder a la desinversión de todos sus activos. Su principal objetivo es maximizar su rentabilidad, para lo que dispone de ventajas legales que no aplican a otras sociedades anónimas, como preferencia en el cobro de deuda subordinada frente a otros acreedores en las mismas condiciones. 
[13] Un Banco malo (del inglés: bad bank), o en términos económicos, «Fondo para la reestructuración de los activos financieros», es una entidad financiera que compra los llamados activos “tóxicos”, que son los activos contabilizados en el balance de un banco por un valor sobrevalorado, a fin de evitar la quiebra del sistema financiero. Así pues, en caso de que los bancos contabilizaran los activos por su valor actual de mercado, que es mucho menor, tendrían que declararse en quiebra y arrastrarían con su caída toda la economía de un país. 
[14] http://blogs.20minutos.es/un-cuento-corriente/2013/11/26/res... 
[15] http://www.eleconomista.es/banca-‑inanzas/noticias/5430345/... 
[16] http://www.eldiario.es/cv/banca-creo-crisis-impide-salir_0_201... 
[17] http://www.eldiario.es/quehacemos/rescate_bancario_solvency_s...

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