sábado, 30 de mayo de 2015

LA SUBORDINACIÓN DE ESPAÑA AL CAPITAL FINANCIERO


El régimen monárquico del 78, ha supuesto para España la adquisición y consolidación de la hegemonía del capital financiero sobre el Estado, habiéndose servido de los partidos políticos para alcanzar la posición de dominio absoluto de la vida política y económica española, utilizando la deuda para mantener el control de las organizaciones políticas del régimen. Con la demolición controlada del franquismo, se sometió a los partidos políticos españoles a un proceso de selección. Primero se legalizó a un grupo de partidos previamente seleccionados, para que se pudieran presentar a las elecciones constituyentes de 1977 y participasen en la redacción del nuevo texto constitucional, adquiriendo estos una representación parlamentaria que les diera acceso a los fondos públicos inyectados en los mismos por medio de subvenciones, que fueron distribuidas en razón del número de votos y escaños parlamentarios obtenidos. Cuando acto seguido se convocaron las elecciones generales de la primera legislatura, los partidos seleccionados por el gobierno monárquico heredero del régimen de Franco, se encontraban en una posición de ventaja respecto de los grupos políticos cuya legalización había sido postergada por el gobierno a un momento posterior a las elecciones constituyentes. Se cambió todo, para que no cambiara nada.

Desde ese momento, hubo dos clases de partidos: unos, los que gozaban de fondos públicos y financiación bancaria; otros, los que se quedaron excluidos de los medios económicos para competir con los anteriores, cayendo en la marginalidad política. Así se conseguía garantizar el círculo vicioso de que sólo obtienen financiación los que obtienen representación, y sólo obtienen ésta los que son financiados. Y sin embargo, para los partidos del régimen del 78, la financiación pública que recibían no fue suficiente, además fueron financiados por las grandes entidades bancarias en forma de contratos y créditos, generalmente condonados más tarde, sobre todo tras la privatización de los bancos de titularidad pública, que tampoco bastaron para saciar su voracidad, pues también obtuvieron fondos por medio de la corrupción estructural que el acceso al poder político les facilitaba, en forma de comisiones a cambio del otorgamiento de concesiones administrativas a las empresas privadas, realizadas en contra o prescindiendo de la ley, y con las comisiones derivadas de la explotación del suelo. También recibieron donaciones de particulares, en gran medida, opacas para el Tribunal de Cuentas, que es el encargado teórico del control de las cuentas partidarias. Decimos teórico, porque no siempre los partidos depositan sus cuentas, y si lo hacen, no con exactitud ni de forma completa y exhaustiva, como es el caso de Ciudadanos, representando, por último, las cuotas de los afiliados, un porcentaje irrisorio sobre el total de su presupuesto[1] .

La historia del régimen del 78 es así la historia del ascenso al poder absoluto del capitalismo financiero, a través de la manipulación de los partidos políticos, que han implementado las políticas más acordes con los intereses del capitalismos: desindustrialización y deslocalización de las industrias, explotación de la fuerza de trabajo a nivel planetario movilizada a través de las grandes migraciones en curso, privatización de las industrias estratégicas, reducción de los ingresos del Estado compensados con deuda pública y enajenación de los recursos e inversiones estratégicas productivas y redistributivas, debilitamiento de las organizaciones sindicales e identitarias, desregulación de los movimientos de capital, concentración de los medios de producción y financieros, control privado y concentración de los medios de comunicación, reducción del gasto en servicios sociales, educativos y sanitarios, desplazamiento de los capitales acumulados para pensiones del ámbito privado al público. El objetivo del capitalismo financiero en España, al igual que en el resto de los países desarrollados al comienzo de la ofensiva neoliberal en los años 70, fue la acumulación de capital y la adquisición del control absoluto del poder político. Para lograrlo, se redujo tanto la carga tributaria del mismo como las tarifas tributarias a las rentas más elevadas, y se procedió a cubrir el déficit fiscal que la reducción de los ingresos produjo, con la emisión de deuda pública. De esta manera, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)[2] bajó del 65,51% en 1977 al 56% en 1998, y al 43% en 2010; para las rentas superiores a los 180.000 euros, el tipo impositivo efectivo se redujo del 49,37% en 1993 al 30,8% en 2008, y las rentas superiores a los 600.000 euros tributaron al 27,4%. Una evolución semejante tuvo el Impuesto de Sociedades (IS)[3] que descendió del 19,5% en 1995, al 9,9% en 2010. A esta política sostenida durante más de treinta años, le puso el broche de oro la amnistía fiscal del gobierno de Rajoy con el Decreto de 30 de marzo de 2012 por el que se exoneraba a cambio de una pequeña cantidad a los capitalistas defraudadores.

Al mismo tiempo que se reducían los impuestos sobre las rentas de capital y las grandes fortunas en todos los países de la OCDE, la deuda pública aumentaba de forma exponencial. Según se publicaba en el diario El País:

Desde 1967 a 1987, la deuda pública en los países de la OCDE pasó de representar un 35% del PIB a un 55%, en números redondos (en el área euro la media es similar). Sin embargo, de 1987 a 2007, la deuda en la OCDE salta hasta un 100% (en el área euro hasta un 85%). Estos porcentajes se han disparado en 2008 y 2009 por causa de la crisis, lo que no permite hacer comparaciones completamente rigurosas. (…) No obstante, conviene saber que en solo un año (de 2008 a 2009) la deuda sobre el PIB en la Unión ha pasado del 61,6% al 73,6%, es decir, una variación de 12 puntos (!). En España aumentó 13,5 puntos. Lo que se desprende de los anteriores datos es que, en los últimos 20 años, los países desarrollados han ido sustituyendo, ante sus crecientes necesidades de financiación, impuestos por deuda. O sea, dinero que no hay que devolver, por dinero que engorda las obligaciones del Estado con los acreedores aumentando exponencialmente los gastos financieros del Estado.[4]

A lo que habría que añadir, que también aumentaban los beneficios de las finanzas, y la dependencia de los políticos y los partidos del régimen respecto de los financieros, Una tendencia que se iba acentuando conforme iba pasando el tiempo. Así, en el Tratado de Mastrique de 1992 la Unión Europea (UE) fijó el límite de deuda pública en el 60% del Producto Nacional Bruto y el del déficit presupuestario anual en el 3% del PIB, que en caso de rebasarse motivaría las correspondientes sanciones por parte del Consejo Europeo. Este límite fue nuevamente reafirmado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de coordinación de las políticas fiscales dentro de la Unión Económica y Monetaria (UEM) de 1997. Pero entre el año 2000 y el 2010, el límite de déficit no fue respetado ni por Alemania ni por Francia, que lo sobrepasaron en catorce ocasiones diferentes, frente a las cuatro que lo hizo España, sin que en ningún caso se aplicara sanción alguna a ninguno de estos dos países, muy al contrario de lo que le ha ocurrido a España a partir de julio de 2010, momento en el que se le impuso una brutal política deflacionaria de devaluación interna, mientras que los mismos que la imponían, EE.UU. y UE, eran quienes habían mantenido una política expansiva del gasto, con un importante endeudamiento público en el período 2007-2010, encaminado a nacionalizar las pérdidas de las grandes entidades financieras y convertir la deuda privada en pública, y los fondos públicos en privados.

Este proceso de concentración de la riqueza, desarrollado tanto en Europa como en EE.UU., y más concretamente en España, ha puesto a los Estados bajo el control y la dependencia del capital financiero que maneja los hilos de la política y de la economía. En primer lugar, desde el exterior con la especulación en los mercados financieros con la deuda pública de los distintos países según sus intereses; y desde el interior, con la financiación de los partidos y la corrupción más o menos generalizada de los políticos. Pero la deuda pública se ha convertido en un arma de doble filo para la banca en los países periféricos, al exponer al riesgo de default de estos Estados más débiles.

El Informe anual del Banco de Pagos Internacionales[5] de junio de 2011, señalaba que la exposición de la banca internacional a la deuda pública de los países mediterráneos, Portugal e Irlanda ascendía a la elevadísima cifra de 2,5 ¡billones de dólares!, de los que correspondían en orden ascendente 380.000 millones a Francia, 431.000 millones a Gran Bretaña y 569.000 a Alemania. No obstante el riesgo, el capital financiero se ha lucrado con los intereses de las deudas públicas de forma fabulosa hasta que su avaricia ha desencadenado el crack de 2008, momento en el que han trasladado el riesgo al sector público, inyectando éste enormes cantidades de liquidez en forma de créditos privilegiados y avales que han disparado el déficit público y la deuda de los Estados.

En España, los principales partidos políticos del régimen del 78, el PP, el PSOE y los separatistas, han asumido que el Estado debía asumir las pérdidas de la banca privada, incluyendo las derivadas de la especulación bancaria, pasando de un superávit del 3 % en 2007, a un déficit del 8,5% en 2011, y de un desempleo del 8% en 2007 a un paro registrado de 27,16% a mediados de 2013, disparando al deuda pública, una de la más bajas de Europa en 2007, del 47,9% del PIB al estallar la crisis, al 115,32% del PIB según el Banco de España en 2014. Esta situación de debilidad de los Estados, ha sido aprovechada por el capital financiero para especular nuevamente con la deuda, lo que ha desencadenado la conocida “crisis de deuda soberana” en el período 2010-2014, que ha reportado a Alemania en este espacio de tiempo más de 40.000 millones de ahorro en la financiación de su propia deuda, al convertirse la misma en un valor refugio para el capital. Una situación que ha puesto de manifiesto todos los defectos de la arquitectura de la moneda única europea, y la ausencia de un poder político detrás de dicha divisa, que dotado de instrumentos jurídicos y políticos, pueda proteger los intereses de la ciudadanía frente a la especulación del capitalismo financiero, que ausente de control y de límites a su circulación, se desplaza de uno a otro mercado, de una a otra divisa y de una a otra deuda, en volumen muy superior al que pueda disponer cualquiera de los Estados europeos, dotando así a los capitalistas financieros de un poder muy superior al de los políticos. Y cuando el riesgo de impago por parte de los Estados alcanzó un nivel que permitía temer el final del euro, en el período 2010-2012, los bancos tenedores de la deuda soberana de los países periféricos de Europa, solicitaron del Banco Central Europeo (BCE) que comprara la deuda soberana en los mercados secundarios y asumiera el riesgo de un eventual impago de los Estados, por lo que el BCE desde el año 2010 ha comprado deuda soberana a la banca por importe de casi un billón de euros, y se propone comprar otro 1,19 billones hasta septiembre de 2016[6], pero como contrapartida exigió a los Estados deudores la pérdida de soberanía económica, hasta que el riesgo de impago desapareciera. El conocido “rescate” de los Estados periféricos de la eurozona, en situación precaria tras haber rescatado a sus respectivos sistemas bancarios.
 
Lo cierto es que este desplazamiento de la soberanía económica de los Estados hacia el BCE, supone la renuncia a la condición de nación independiente. El BCE es un organismo que carece de todo tipo de control por parte del poder político de los Estados europeos, y no responde por sus decisiones ante ningún organismo representativo, salvo quizás, a los intereses del capital francés y alemán, por lo que desde su creación viene actuando en razón de los intereses de los grandes financieros privados. Y dicha realidad, se puso de manifiesto cuando se desveló que el BCE enviaba instrucciones secretas a los gobiernos de Italia y España a principios de agosto de 2011,[7]exigiendo a cambio de la compra de deuda pública a los bancos privados en los mercados secundarios, con el consentimiento de Francia y Alemania, que impusieron la cesión de la soberanía presupuestaria y fiscal antes de la UE hiciera entrega del dinero solicitado por España al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y del BCE, dinero que se entregaría en la medida en la que se aplicase el “programa de gobierno”  formulado por el presidente del BCE, Jean Claude Trichet, que ha sido cumplido íntegramente por los gobiernos de Zapatero y Rajoy. Todos hemos sufrido dicha política y sabemos en lo que consiste: aumentar los contratos de trabajo precarios, reducir los salarios y desvincularlos de la inflación, eliminar los convenios colectivos pasando a los convenios de empresa, facilitar el despido de trabajadores y, por último, una reforma constitucional que consagre el pago de la deuda, pasando por encima de la soberanía nacional. Así es como España dejó de ser soberana.
 

[1] Por si el impedimento económico no fuera suficiente, el sistema electoral favorece A los partidos mayoritarios, introduciendo elementos de corrección en la distribución de los votos obtenidos, atribuyendo diferente valor al voto del ciudadano, en razón del lugar en el que este es emitido.
[2]www.sagara1977.wordpress.com/2012/01/07/historia-de-la-progresividad-del-irpf/
[3]www.actibva.com/magazine/economia/25-anos-de-subidas-y-bajadas-de-impuestos-en-espana-infografia
[4www.elpais.com/diario/2010/08/04/opinion/1280872804_850215.html
[5] www.bis.org/publ/arpdf/ar2011_es.pdf
[6]www.economiadigital.es/es/notices/2015/03/draghi-inyecta-5.300-millones-en-la-economia-espanola-el-primer-dia-de-qe-67640.php
[7] www.elconfidencial.com/mercados/inversion/2014-12-19/las-cartas-de-2011-al-descubierto-el-bce-pedia-reformas-zapatero-compras-de-deuda_598616/

jueves, 21 de mayo de 2015

ESPAÑA ANTE LAS ELECCIONES


Fuente de la imagen: blog la infinita espiral
El capitalismo no se reduce a la economía de mercado, es más, un mercado verdaderamente libre no es compatible con las tendencias monopolistas del capitalismo, sino que éste es más bien una disposición singular del mercado y de los poderes económico y político organizados y coordinados en beneficio de una exigua minoría. El capitalismo es, pues, una decisión política, una voluntad de poder frente a otras voluntades posibles carentes del mismo. Para la realización de esa voluntad de poder es de todo punto imprescindible la política, y nunca antes desde la aparición del capitalismo moderno, una sociedad se había regido por los imperativos de los mercados del dinero de forma tan absoluta como en la actual. En ningún momento histórico, los capitalistas han contado con un apoyo tan absoluto de las élites políticas para llevar a cabo una reordenación social conforme a sus intereses, y no sólo a escala española o europea, sino a escala planetaria.

Dentro de esta dinámica de expansión mundial que llamamos globalización, la acumulación y concentración constante de capital desde finales de los años setenta, ha provocado la Gran Recesión de 2008. El catedrático Niño Becerra, apuntaba en 2012, analizando la situación de Grecia, que: "los orígenes del desastre no se hallan en el país heleno, sino en EEUU, que a finales de los años 80 obligó al Planeta a firmar un pacto por el que el resto del mundo sostendría y financiaría su economía a cambio de que USA consumiera de ese resto del mundo todo lo que no pudiera venderse y comprarse entre sí”  Nació de este modo un nuevo capitalismo basado en la financiarización de la economía, que se puso en marcha a inicios de los setenta con la Escuela de Chicago, basado fundamentalmente en la desregulación de los movimientos del capital y la reducción de los impuestos sobre las rentas obtenidas de este. Pero tras haber transcurrido cuatro décadas desde que EE.UU. abandonó la convertibilidad del dólar en oro pactada en Bretton Woods, para asumir el papel de gran centro de reciclaje de los excedentes de la economía mundial, la hegemonía norteamericana presenta signos de agotamiento también en lo económico, y el aumento exponencial de la desigualdad en un contexto de decadencia de la economía del llamado primer mundo, ha provocado un cuestionamiento profundo de diversos paradigmas del nuestro actual sistema, que con anterioridad a la crisis eran asumidos de forma generalizada por los ciudadanos. Asistimos así, al principio del fin de la supremacía económica occidental sin que nadie sepa si el futuro nos reserva un mundo dominado por un capitalismo multipolar inédito o si nos veremos sometidos al dominio del nuevo gigante asiático que ejercerá su dictadura, al menos mientras el planeta aguante la depredación capitalista.

En este contexto histórico, si reducimos la visión del objetivo de nuestra cámara a lo cercano, advertimos que a lo largo de la historia contemporánea de España nunca se había conocido una situación económica y moral tan desastrosa como la actual en circunstancias ordinarias. Para encontrar situaciones semejantes hay que retroceder a momentos de guerra o de revolución, y a veces ni siquiera en esas coyunturas se ha llegado a una situación de quiebra nacional como la vigente. De hecho, ningún Gobierno ha endeudado tanto a la nación en contra de los intereses generales, ningún Gobierno ha mentido tan descaradamente a los ciudadanos mientras los conducía al abismo, y ninguno ha sido tan indiferente ante el sufrimiento de los mismos humildes a los que empobrecía. A izquierda y derecha, los políticos y sindicalistas del régimen del 78 con la monarquía a la cabeza, han agredido y expoliado a los ciudadanos de forma inédita en nuestra historia, para financiar sus redes clientelares y los intereses de los oligarcas de las grandes corporaciones del Ibex35, a quienes en esta hora de tribulación para el régimen exigen su apoyo incondicional.
2014-2015: ¿el inicio de la recuperación?

El gobierno ha diseñado el Plan de Estabilidad 2015-2018, de cuyos datos se desprende que en breve viviremos en una arcadia feliz y desconocida. El cuadro macroeconómico que sustenta este sueño es el PIB nominal que, según el plan gubernamental, pasa de forma brusca sin causa eficiente del 0,9% en 2014, al 3,6% en 2015, es decir, el crecimiento se multiplica por 4, algo que no ha sucedido jamás en Europa, y de la riqueza de 9.400 millones creada en 2014, se pasa a 38.800 en 2015 y a un total en 2018 de casi 200.000 millones. Pero la realidad en el primer trimestre de 2015 es más triste de lo que el gobierno quisiera, pues el PIB a precios de mercado, ha caído en 1.058 millones de euros en lugar de crecer los 9.954 millones que decía el gobierno en este montaje electoral de la recuperación. Pero para urdir este montaje electoral, ha resultado imprescindible mentir y manipular las cifras del PIB de 2014, y en dicha tarea han colaborado activamente el Banco de España, el INE y los servicios de estudios de las principales entidades bancarias, que sin reparo hacen interpretaciones parciales o falsas de los datos y declaraciones del FMI y de la Comisión Europea sobre España. Algunos casos más concretos de manipulación:

1º) EL FMI estima un crecimiento del PIB español en 2015 a precios constantes del 2,5%, y como la previsión de inflación es de -0,7%, la creación neta de riqueza sería del 1,8%. Pero como predicen una caída del PIB a precios constantes del 2% en 2016 y que en este año la creación de riqueza no superará el 1,3%, y que entre 2017 y 2020 será inferior al 2% la recuperación no existe, porque supondrá 19.000 millones de euros en 2015 y 11.000 en 2016, en total, 30.000, que se esfumarán dentro de los 50.000 millones que recibirán las comunidades autónomas en esos dos años para evitar su quiebra, de los cuales 20.000 millones, dos tercios del crecimiento del PIB de España, irán a Cataluña para financiar, entre otras cosas, su proyecto de ingeniería social separatista.

2º) El Banco de España manipula los datos de la Comisión Europea para favorecer al gobierno utilizando los datos del PIB a precios constantes de la Comisión, que parte del crecimiento del PIB correspondiente al cuarto trimestre de 2014 que fue del 0,8% para hacer un pronóstico de crecimiento para el período 2015-2018 carente de fundamento, pues no tiene en cuenta el deflactor del PIB fue del - 0,6%, por lo que en realidad el crecimiento ha sido del 0,2%, la cuarta parte, lo que no permite hacer el pronóstico de crecimiento anunciado por el gobierno.

3º) El INE se ha convertido en el gran prestidigitador en la manipulación de la Contabilidad Nacional ya desde 2008, cuando Miguel Ángel Fernández Ordóñez falseó y publicó la cifra de crecimiento del cuarto trimestre de 2007, dos semanas antes de las elecciones de marzo de 2008 para favorecer la tesis de la desaceleración del crecimiento de Zapatero y ganar las elecciones, cuando ya la Gran Recesión anunciaba su llegada. A partir de la manipulación de los criterios de cálculo del PIB sobrevalorando su crecimiento tanto, que el PIB oficial de 2014 es igual al de 2007, algo absolutamente inverosímil.

Y en cuanto a los servicios de estudios bancarios, tan sólo cuentan lo que interesa a los bancos. Un ejemplo, según el BBVA Research en 2015 el crecimiento del PIB será del 2,7%, y para  FUNCAS el de 2016 será del 2,6%, por supuesto sin tener en cuenta que la deflación disminuye la riqueza real ni hacer mención alguna a pronósticos sobre el período 2016-2020 que puedan estropear la imagen que se quiere dar. Pero lo cierto es que todos los análisis independientes muestran que el PIB es como mínimo un 20% inferior al oficial.

Pero, ¿qué está pasando en 2015? Por lo pronto, el INE y el Banco de España vuelven a manipular la realidad, porque el PIB del primer trimestre del 2015 a precios constantes, lejos de crecer ha disminuido. Estos organismos dicen que creció un 0,9%, pero esa cifra no refleja la verdad, porque no tiene en cuenta la caída de los precios en el mismo período que fue de un 1,0 %, así que si a la riqueza creada de un 0,9%, le restamos el -1% del deflactor, el resultado es de un -0,1%, una pérdida de 1.050 millones de euros en el PIB, porque el valor del PIB a precios constantes se obtiene multiplicando lo producido por los precios a que han sido realmente vendidos, no a precios de 2010 como hacen el INE y el BdE, para evitar que sepamos la realidad.

La deuda pública.

El gobierno actual ha hundido a España en una burbuja de deuda que hace que la nación viva en tiempo de descuento, literalmente, ya que el nivel de endeudamiento exterior y de las administraciones públicas, especialmente las autonómicas, es inasumible, y llevará a España a la suspensión de pagos antes o después, ante cualquier acontecimiento que altere el precario equilibrio actual. La salida de Grecia del euro por ejemplo, que se presenta como muy probable al momento de escribir estas líneas, elevaría la prima de riesgo por encima de los 400 puntos, y eso sería el final de la mentira de la recuperación que, desde los medios de comunicación y desde la política más obscena, se difunde a diario. Un engaño masivo a una nación, nacido de la deuda y la especulación.

En 1975, después de un período de quince años de desarrollo económico basado en los bajos salarios y las remesas procedentes de la emigración, España se convirtió en la octava potencia económica mundial, y a pesar de haber ejecutado el mayor plan de ejecución de infraestructuras de la historia nacional, la deuda era de cero euros. Cuando la monarquía restaurada por las élites domésticas, siguiendo el guión diseñado por los EE.UU., comenzó su andadura, también dio comienzo el expolio del Estado por la partitocracia corrupta. Veamos. Al finalizar el gobierno del PSOE de Felipe González, y después de haber saqueado 250.000 millones de euros de las cotizaciones sociales para financiar gasto corriente y desmantelar la industria nacional para acceder a la CEE de entonces, la deuda del Estado alcanzaba la astronómica cifra de 410.000 millones de euros. El gobierno de Aznar, del que tan orgullosa se muestra la derecha más antipática, vendió a precio de saldo todas las grandes empresas públicas y aun así llegó a los 478.000 millones; el gobierno de Zapatero llegó a los 956.000 millones de euros; y a comienzos de 2015 el gobierno de Rajoy llegaba a los ¡1.526.000 millones!, un incremento de la deuda total de 570.000 millones de euros, el 145% del PIB oficial, una cantidad equivalente al endeudamiento habido  entre 1975 y 2008, y eso contando con las trampas introducidas por el gobierno de Rajoy para calcular el PIB actual incluyendo en este índice la prostitución y el tráfico de drogas para aumentar su volumen y manipular la estadística, lo que no ha logrado disimular la destrucción de riqueza motivada por las políticas de la austeridad, pues a precios de mercado  de 2014 el PIB fue inferior en 17.000 millones de euros al de 2011, y eso que ascendió según la Contabilidad Nacional a 1.058.468 millones de euros, lo que comparado con el dato de 2013 (1.049.180 millones) da un crecimiento de la riqueza de 9.288 millones, esto es, el 0,9%, no el 1,4% oficial, aunque hay que destacar que de ese crecimiento no son responsables los sectores productivos de la economía (agricultura e industria dieron pérdidas) sino los servicios financieros, las Administraciones Públicas y los impuestos netos sobre los productos. Es decir, bancos, impuestos y gasto corriente del Estado, y para obtener ese exiguo crecimiento económico, la deuda ha aumentado en 67.676 millones de euros, 7,3 euros de deuda por cada euro de riqueza creada en 2014. Cada español en 2014 se vio endeudado en 1.471 euros más.

En 2014, el año del inicio de la recuperación como pretenciosamente se le denomina, según el Banco de España la riqueza nacional o producto interior bruto a precios de mercado (PBI pm), se incrementó en 9.380 millones, al mismo tiempo que la deuda total de las administraciones públicas aumentó en 167.000 millones de euros, y la exterior en 30.000, lo que supone que en 2015 haya que refinanciar 250.000 millones de euros. A su vez, el déficit del Estado fue de 61.000 millones de euros, y para poder pagar las pensiones a cargo del sistema de Seguridad Social, el Estado ha gastado a lo largo de la legislatura, 15.300 millones de euros (7.003 en 2012, 11.648 en 2013, y una estimación de 20.000 para 2015), lo que significa que el déficit de las administraciones públicas superó los 76.000 millones, es decir, que se está creando una nueva burbuja financiera, esta vez de deuda pública, mantenida artificialmente por la compra ilimitada de deuda española por el Banco Central Europeo en los mercados secundarios.

¿Y en qué se ha gastado este dinero? La mitad de esta deuda ha ido a pagar el agujero en las cuentas de los bancos y de las cajas de ahorros, arruinadas por la oligarquía de políticos y sindicalistas que las han venido dirigiendo, mientras que estas mismas entidades bancarias vienen cobrando alrededor de 48.000 millones de euros anuales de más, de las administraciones públicas en concepto de prestación de servicios; la otra mitad se ha derrochado en el mantenimiento de la red clientelar de militantes de los partidos convertidos en funcionarios de las administraciones central y periférica, se han contratado más de 29.000 nuevos empleados públicos, que no han sido destinados ni a servicios públicos esenciales ni a servicios sociales. ¿Resultado?: la pobreza. En 1975 España e Irlanda gozaban de una renta per cápita idéntica, en 2015 la de Irlanda es un 38% mayor que la española.

En resumen, España tiene una deuda pública semejante a la de los EE.UU., con la diferencia de que no tiene el control de la moneda de reserva mundial, lo que nos sitúa mucho más cerca del colapso y de la muerte súbita que de la recuperación. Además, y al margen de la inexistente capacidad de España para pagar esta gigantesca deuda, es que ésta sigue creciendo de forma imparable, gracias a una organización territorial del Estado que permite a cualquier paleto que consiga encaramarse en el poder autonómico, jugar a ser Napoleón con el dinero público abriendo miniembajadas por las cuatro esquinas del mundo o cualquier dislate que se le ocurra al estúpido de turno, al servicio de la construcción del delirante imperio de cuatro gatos. Ninguna nación puede mantener una estructura territorial del Estado que suponga un despilfarro anual del 10% del PIB, si no es a costa de sacrificar el propio bienestar de sus ciudadanos.

Los impuestos.

Cuando la derecha ganó las elecciones en 2011 de forma inmediata el gobierno procedió a subir los impuestos, utilizando la excusa del déficit inesperado que decían haber encontrado como herencia del gobierno del PSOE, ya que, en un presupuesto público de 450.000 millones, no había ninguna partida de donde recortar nada para reducir gasto. A partir de este momento, perdida la soberanía monetaria con la integración del euro, o se reduce el gasto o se aumentan los ingresos, y optaron por lo segundo. Se crearon decenas de nuevos impuestos en todas las administraciones y se aumentaron las tarifas de los vigentes hasta límites confiscatorios, batiendo marcas desconocidas en la historia fiscal de España y del mundo desarrollado (OCDE). Han subido o creado 85 tipos tributarios, ¡85!, un hecho desconocido e insólito que no se va a detener, pues en el informe enviado a Bruselas en diciembre de 2014, el Gobierno detallaba el aumento de la fiscalidad en el período 2015-2017, tal y como le vienen pidiendo desde el FMI y la Comisión Europea.

Pero para demostrar que los impuestos no son excesivos, y contribuir a la campaña electoral de la recuperación, el criterio que utilizan es la presión fiscal  que nos sitúa en una posición media, lo que no deja de ser una nueva manipulación dado que la presión fiscal se calcula con relación al PIB. Pero si como sabemos las cifras del PIB están sobrevaloradas en un 20% aproximadamente, y  partimos de la suposición a efectos comparativos de que el PIB oficial de 2007 es igual a 100 y el PIB de 2014 fue casi de 100, resultaría que la crisis no ha existido, pero sin embargo las bases imponibles de los impuestos de renta y sociedades, que siguen una tendencia paralela al PIB, se han hundido pasando de 100 a 83, algo que no ha sucedido en ningún otro país, ¿por qué? Porque hay 3,3 millones de parados más que en 2007, se han subido los impuestos, se han reducido las pensiones, han caído los salarios y la renta disponible de las familias se ha desplomado un 14%; las rentas más altas están exentas de la mayoría de impuestos a través de las sicavs, y los pagos de impuestos de las empresas del Ibex35 apenas son relevantes y los de las corporaciones transnacionales menos, por lo que el PIB real ha caído de forma paralela a las bases imponibles, y el PIB real de España se sitúa en torno a los 850.000 millones de euros, lo que además coincide con todos los análisis independientes realizados en el exterior. El resultado es que el peso de la crisis recae sobre las clases trabajadoras, las pequeñas empresas y los autónomos, lo que se ha traducido en la destrucción del 35% de la clase media existente en 2007. Por lo tanto, la presión fiscal es un dato falso que no refleja la realidad y que no puede ser tomado como referente para conocer la fiscalidad que soportamos.

Si buscamos un indicador independiente que pueda arrojar luz sobre la realidad de la fiscalidad en España, podemos recurrir a  la Tax Foundation  que señalaba en 2014 que de los 34 países de la OCDE, España ocupaba el puesto número 31 del ranking en cuanto a la media de fiscalidad en el nivel de impuestos personales; pero cuando se consulta ese dato no como media, sino como fiscalidad soportada por las clase media, España es el país con la fiscalidad más alta sobre las rentas del trabajo de todos los países de la OCDE, ya que mientras que  una pareja española con hijos paga de media un 34,8 %, la media de los países de la OCDE es de un 26,4%. Es decir, una familia con dos hijos y con una renta un superior al 70% del salario medio, aproximadamente el 67% de las familias, paga un 30,3% de media, el doble de impuestos que la media del mundo desarrollado de la de la OCDE que es de un 17,2%. Las familias trabajadoras españolas con hijos son las que sufren la mayor fiscalidad del mundo desarrollado.

Para  apreciar la diferencia entre la tributación de las rentas del capital y las del trabajo de la clase media, basta con consultar los datos del Banco de España. En el período 2008-2013, el impuesto de sociedades aportó un 2% del PIB, mientras que los impuestos indirectos socialmente regresivos, aportaron el 4,8% y el IRPF se mantuvo en un 6,6%. Los asalariados cada vez disminuyen más su participación en la renta nacional, pero también cada vez aportan más, mientras que los propietarios del capital incrementan sus ingresos pero contribuyen cada vez menos. Prueba de ello es que en sólo una década, las familias más ricas han acumulado el mismo capital que el incremento del déficit fiscal, un 10% soportado con deuda pública, que supera ya el billón de euros, lo que a su vez vuelve a enriquecer a los mismos capitalistas que vuelven a prestarle el dinero al Estado y perciben intereses por ello, en lugar de tributar.

El paro.

Desde que terminó el primer trimestre de 2015, el gobierno viene anunciando la buena nueva de la creación de empleo, dado que del número de demandantes de empleo inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) situado en 5,66 millones, han restado 1,33 millones como por arte de magia. Tradicionalmente, la cifra proporcionada en la encuesta del SEPE, antes INEM, superaba siempre a la proporcionada por la Encuesta de Población Activa (EPA), ahora es inferior en 1,1 millones. Esta manipulación estadística ha restado credibilidad a los datos aportados por el SEPE de tal manera, que sus datos nunca se utilizan a efectos de cálculo por Bruselas o por el FMI, para los que el paro de España es de 5,4 y no 4,3 millones de personas, y lo que es peor, en paralelo a este desempleo estructural, la cobertura por desempleo a los parados ha caído casi un 18%. Pero si nos detenemos en el empleo medido en miles de horas trabajadas, advertimos que su volumen no ha parado de caer hasta mediados de 2014, y según el gobierno del PP, su ritmo de crecimiento pasará del 0,6% al 2,8% en 2015, es decir, su crecimiento se multiplicará por 4,7 veces. Lo que no explican es por qué se va a producir este crecimiento del empleo del factor trabajo en un escenario como el presente. Y es que a pesar del control abrumador de los medios por el régimen, que ha concentrado en dos grupos de comunicación italianos la práctica totalidad de los canales de televisión, el 77,4% de los ciudadanos está convencido de que la situación es peor que en 2014 y cerca de dos tercios piensa que empeorará en un año. Quizás esta sea la explicación del auge del partido de aluvión Ciudadanos, dar respuesta a los deseos de crear un Podemos de derechas, tal y como demandaba el presidente del Banco de Sabadell y la presidenta del Círculo de Empresarios.

Es evidente que el Plan de Estabilidad 2015-2018 del gobierno del régimen, por su mendacidad sólo admite comparación con el ya olvidado Plan E de Zapatero, en quien Rajoy encuentra cada día un exacto alter ego en su fatuidad, y que este Plan es una falacia para captar el voto de los incautos, como lo demuestra la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al primer trimestre de 2015, que no refleja un crecimiento del empleo del 3% tal y como se dice en el referido Plan, sino que aunque se diga que el desempleo ha descendido en 156.000 parados, lo que subyace en la realidad es la destrucción de 145.500 empleos privados, disimulada con la contratación de 29.000 personas por las administraciones públicas autonómicas y locales, que se suman a los más de dos millones de empleados públicos existentes. Y aunque podrían existir racionalmente algunas diferencias entre los datos de la EPA y los del SEPE, lo que nunca podrían ser, es de tal magnitud. Tradicionalmente, hasta 2004 que es cuando el gobierno del PSOE de Zapatero comenzó a manipular todas las estadísticas, el paro registrado en el INEM, actual SEPE, arrojaba cifras superiores a la EPA, situación realista que cesó en dicho año, momento en el que comenzaron a ser inferiores gracias a las nuevas reglas de cálculo, claramente sesgadas a propósito, que han llegado a diferir en más de un millón de personas desde el momento en el que se transfirió su elaboración a las Comunidades Autónomas. Pero, ¿cuál es entonces la realidad? La EPA afirma que el paro se ha reducido en 13.100 personas, pero registra un incremento de desempleados denominados por la metodología del INE inactivos de 121.200, que son trabajadores desempleados que durante la semana de referencia de confección de la EPA por el Instituto Nacional de Estadística (INE) no estaban buscando activamente empleo. Por lo tanto, la realidad es que el número de desempleados reales se ha incrementado en 108.100 al término del primer trimestre de 2015. Situación verdaderamente dramática si tenemos en cuenta que el número de familias con todos sus miembros en paro ha aumentado en 27.300 y el de hogares con todos sus integrantes empleados se ha visto reducido en 18.700. Y todo lo anterior, sin contar con el proceso de externalización de servicios de la administración, tan del gusto neoliberal, que ha ocupado a decenas de miles de personas que figuran en el sector privado, pero que en realidad trabajan para el sector público, duplicando los puestos de trabajo para las mismas labores, pero que el INE no refleja en sus estadísticas. Y no debemos olvidar que en este 2015, 500.000 parados más se quedarán sin prestación alguna. En conclusión, la eficacia en la creación de empleo del Plan de Estabilidad 2015-2018 es otra mentira electoral del partido en el gobierno.

La desigualdad y la pobreza.

La Comisión Europea expresó este último mes de Marzo su “grave preocupación por la enorme desigualdad de la distribución de la renta y la riqueza en España, y que sigue creciendo sin pausa” y criticó severamente “la falta de medidas contra el inaceptable nivel de pobreza infantil”. Por su parte, la organización Intermón Oxfam denunciaba que España es “el segundo país más desigual de Europa, tan solo por detrás de Letonia” y que “el 1% de la población española concentra más riqueza que el 70% más pobre”, y denuncia que las políticas del gobierno “refuerzan esta concentración de riqueza en manos de unos pocos”. A su vez, la OCDE ha señalado que el incremento de la desigualdad en España está determinado por los cambios negativos para las rentas bajas en la distribución de los salarios, que representan el 75% de los ingresos de las familias, pues mientras los salarios del 10% de trabajadores mejor pagados han aumentado vertiginosamente, los del 50% de los peor pagados han descendido con la misma brusquedad.

A comienzos de este mes de Mayo, el diario El País  publicó un análisis titulado La brecha salarial se profundiza, en el que explica cómo en 2014 los sueldos de los altos directivos crecieron un 17,56%, mientras que los salarios de los trabajadores  cayeron un -0,64 %. Además señala que: “en 2014 la desigualdad se disparó hasta las 104 veces el sueldo medio”. Pero es que los 78 directivos del Ibex no sólo perciben sus retribuciones salariales, sino que además  tienen 500 millones en pensiones. Y todo esto ocurre al mismo tiempo que los sindicatos representativos, subsidiados por el régimen y corruptos hasta el extremo, pactaban con el gobierno una subida salarial media de hasta un 1% para 2015 y de un 1,5% para el período 2016-2018 . Por mucho que se quiera negar, la situación es dramática, y el Banco de España no ha podido negarla en su último informe de Marzo de 2015, en el que dice que: “En 1975 los asalariados recibían el 72% de la renta nacional, a mediados de los 90 el 65%; en 2007 sólo llegaba al 62,2%, y en 2013 habían descendido hasta el 60,3%”. Es decir, que al término del régimen de Franco, la participación en la renta nacional de los trabajadores era superior a la que han tenido a lo largo de toda vida de la monarquía de partidos, y si a este dato le añadimos que al finalizar el régimen franquista, la brecha salarial en las grandes empresas era de 1 a 20 y ahora es de 1 a 104, salvo en el caso de los bancos que ha alcanzado el 1 a 379, la pregunta que nos surge es: ¿pero quién ha salido ganado con el cambio de régimen?, ¿esto es la democracia? Y esto son hechos, no opiniones.

Y la política de devaluación interna de Rajoy ejecutada al dictado de las organizaciones europeas e internacionales, ha conducido a 8,8 millones de trabajadores del sector privado, el 60% del total, a una reducción salarial que ha hecho que el 50% de los contratos a tiempo completo no superen los 889 euros de retribución mensual bruta , mientras que otro 10% no supera los 1.000 euros para el mismo tipo de contrato, y según la Agencia Tributaria, el 34% de los asalariados gana menos de 645 euros mensuales, y un 46,4% están por debajo o muy por debajo de los mil euros. Claro que el régimen de partidos y sindicatos se apoya  en los casi 3 millones de empleados públicos, incluidos los cargos políticos y los 22.000 asesores con los que cuentan, cuya media retributiva se sitúa en los 4.000 euros mensuales, lo que hace una masa salarial de 121.000 millones y cuyo impacto sobre el sector privado es innegable, pues cada puesto de trabajo público destruye 2,5 privados. 

Claro que el debate acerca de la devaluación interna vía salarios no escapa a la manipulación del gobierno, ya que según las estadísticas salariales del Banco de España, los salarios están cayendo el doble de lo que dice el INE, una afirmación que basan en la evolución de las cotizaciones sociales. Pero si observamos la evolución de las mismas de 2014, en la que el número de cotizantes creció en 433.900 nuevos ocupados, resulta que las cotizaciones a la Seguridad Social hasta noviembre del pasado año son prácticamente iguales a las de 2013, 90.210 millones de 2013 frente a los 90.890 de 2014. Luego es evidente, que las bases de cotización de los nuevos trabajadores son tan bajas que, aunque aumente el número de contratos no aumenta el volumen de dinero recaudado en cotizaciones, lo que demuestra la notable reducción salarial y el nivel salarial de los empleos creados por el gobierno de Rajoy, eso sin contar que esto acelerará la quiebra del sistema de pensiones, cuyo fondo de reserva no dará para ir más allá de 2020 si se sigue disponiendo del mismo al ritmo al que se viene haciendo hasta este momento.

De esta manera es como la renta media de los españoles abandona la convergencia con la media salarial europea, y comienza un proceso de divergencia que nos conducirá a una pobreza que viene a establecerse entre nosotros definitivamente. Así lo ha señalado la oficina estadística de la Comisión Europea (Eurostat)[8] , al decir que el salario español por hora se aleja cada vez más de la media de la UE-28 y, por supuesto, de la Eurozona. Concretamente, en 2014 el salario medio por hora en España fue de 15,7 euros, mientras que en la UE-28 fue de 18,6 euros, en donde más de la mitad de los países son pobres, o con 21,6 euros para la Eurozona. Lo que supone que el salario medio español es un 15,6% inferior al de la UE, y un 27,3% menor que el de la zona euro, situando a los trabajadores españoles como los peor pagados de Europa con las excepciones de Grecia y Rumania. Para que podamos hacernos una idea de la diferencia en la distribución de la renta respecto de la UE-28, España tiene un PIB per cápita igual al 94% del promedio de la UE-28, mientras que los salarios sólo representan el 84% del mismo promedio.

El PP y economistas neoliberales defienden la necesidad de ganar competitividad a través de la devaluación interna forzada con la rebaja salarial, mientras permiten a los oligopolios, fundamentalmente de la energía, mantener los inputs[9]  esenciales para la productividad a los precios más elevados de Europa. Pero es que además esta política deflacionaria es un error, porque sólo la parte de la industria orientada a la exportación, que  no llega al 15% del PIB, está afectada por la competencia internacional y la rebaja salarial puede hacerle recuperar margen de beneficios al reducir costes de producción, mientras que al sector de los servicios, que suponen el 65% del PIB, apenas les afecta el comercio internacional y si le produce un grave daño la caída del consumo interno.

Así que no resulta extraño que según el VII informe FOESSA/Cáritas[10], sólo el 34,3% de los españoles viva sin carencias esenciales de alimentación, ropa, salud o calefacción, mientras que un 40,6%  vive de forma precaria y 11,7 millones de españoles se encuentran en situación de exclusión social, al tiempo que las doce primeras sicav’s han visto crecer su fortuna en un 18% en 2014[11], y siguen tributando al 1% y en diferido. En este mismo informe, la asociación de atención social dependiente de los obispos de la Iglesia Católica Cáritas, ha pasado de atender 1,9 a 2,5 millones de personas en el año de la recuperación de 2014. La pobreza infantil se dispara y uno de cada tres niños se encuentra en riesgo de exclusión social, y para remediarlo harían falta 9.800 millones de euros de coste anual, pero según la reforma del artículo 135 de la Constitución monárquica del 78 votada por los líderes Sánchez y Rajoy del PSOE y PP, la devolución de la deuda adquirida para rescatar a los bancos tiene prioridad. Por ello, no debe extrañarnos que políticos celosos del deber y de la Hacienda Pública como la derechista alcaldesa de Valencia que se postula estos días para renovar el cargo, dejase sin becas de comedor a 56 niños cuyos padres no podían pagar el sacrosanto IBI por falta de medios económicos.
 
Acto de campaña del PP en la localidad madrileña de Barajas (Madrid). Tras la tramoya electoral un pobre revuelve en la basura bajo la fría mirada del rostro petreo falsificado con photshop de la candidata neoliberal Esperanza Aguirre. Mientras, los miembros del partido inflan sus globitos para el festejo. Fuente de la imagen: httpwww.importanciacapital.comp=1722
El déficit comercial.

EL gobierno está de enhorabuena con el comercio exterior tras la subida del déficit comercial registrada en 2014, este año tuvimos noticia de que “las exportaciones crecieron un 2,8% en febrero, el valor máximo en dicho mes desde el inicio de serie histórica en 1971”. Lo que sería una magnífica noticia si no fuera porque las importaciones han crecido el 4,5%, y el resultado conjunto es un saldo comercial muy negativo de 2.037 millones de euros. Pero el gobierno no ha dudado en difundir la verdad… a medias, que equivale a otra mentira completa. Pero la deriva de nuestra balanza comercial es ruinosa, pues en los primeros meses de este año 2015 las exportaciones se han estancado con un crecimiento del 0% frenando el crecimiento empeorando el saldo negativo respecto del último trimestre de 2014 en un 37%, lo que significa que nuestro endeudamiento exterior, de 1,12 billones de euros a finales de 2014, el mayor del mundo desarrollado con el 106% del PIB junto con los EE.UU., está fuera de control, y en estas condiciones las previsiones de crecimiento del delirante Plan de Estabilidad 2015-2018 no se cumplirán si continúa en esta tendencia el déficit comercial.

Y como las malas noticias nunca vienen solas, se dan ya por perdidos 51.000 millones de euros de los préstamos directos concedidos a la banca por el FROB, sin incluir aquí los 15.000 millones que se perderán con el SAREB, ni el coste de los esquemas de protección de activos, ni por su supuesto los avales del gobierno a los bancos, que suman más de 160.000 millones de euros.

En resumen, la recuperación constantemente mentada por el gobierno, sus sayones televisivos y demás menestrales parlamentarios del PP, no es más que una falacia dirigida a superar el año electoral con el mejor resultado posible. Cuando a finales de año se forme el nuevo gobierno del régimen del 78, el partido resultante del juego de alianzas volverá a la aplicación de las políticas de austeridad, subiendo el IVA, recortando el gasto social y primando el mantenimiento de las estructuras del régimen y el pago de la deuda. Si no se es rico, político, sindicalista o funcionario, en España no hay más futuro que la pobreza.

En palabras del economista Juan Torres:

“La situación en la que vivimos es muy difícil. Los grandes poderes que han arruinado a España por su incompetencia y egoísmo no paran de atacar a quienes reclaman un cambio de la situación, un reparto más justo de la riqueza, la democratización de la economía, plena transparencia y libertades civiles reales. Por eso se precisa mucha inteligencia, mucha generosidad y mucho trabajo colectivo, sin frentismos que hagan creer que los buenos sólo somos cada uno de nosotros y los malos todos los demás, y sin el cainismo típico de nuestra querida España”[12]. 

Y para acudir a esta tarea de reconstrucción nacional que Torres  propone, están radicalmente incapacitados los miembros de la llamada banda de los cuatro formada por el PP, el PSOE, IU y los nacionalistas de todo tipo junto con la monarquía que la dirige, responsables todos ellos del actual estado de cosas, cómplices y beneficiarios del actual estado de España. Inmersa en un régimen de corrupción, saqueo y expolio de los trabajadores españoles.
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